El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Así lo decidió por unanimidad el Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa provincia, integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.
Pocos minutos después de que se conociera la condena, el canciller Santiago Cafiero habló con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y desplazaron a Urribarri de la embajada argentina en Israel.
El Tribunal también condenó al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a seis años y medio de prisión, y al exministro Pedro Báez, a seis años de prisión. Otro de los exministros del entonces gobernador ultra K, Hugo Marsó, fue absuelto.
El juicio concentró cinco causas por diversas irregularidades, y además de Urribarri, Aguilera y Báez, fueron juzgadas otras once personas.
Entre los hechos cuestionados, se dio por probado un esquema de retornos en cada operación financiada por el Estado provincial, o las contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización del encuentro de presidentes del Mercosur que se realizó en Paraná en 2014.
Los camaristas analizaron si esas y otras contrataciones cuestionadas, como la de pautas publicitarias en medios nacionales y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata, tenían por finalidad promocionar la precandidatura de Urribarri a presidente de la Nación en 2015, a un costo de más de 14 millones de pesos.
Según informa la revista Análisis -cuyo editor, Daniel Enz, fue de los más profundos investigadores de la corrupción en los gobiernos de Urribarri-, la jornada comenzó este jueves por la mañana, cuando los jueces rechazaron todos los planteos defensivos interpuestos por los acusados.
La audiencia tuvo un primer cuarto intermedio cerca de las 11 y continuó por la tarde con la valoración de las pruebas por parte del tribunal. El último tramo, que duró unas tres horas, acabó al anochecer con la lectura de las sentencias.
La suerte del embajador kirchnerista en Tel Aviv comenzó a echarse cuando el tribunal -que arribó al veredicto por unanimidad- refutó las objeciones de las defensas respecto a la validez de algunas pruebas que resultaron claves para arribar a las conclusiones que fueron leídas más tarde.
Entre otras se dio por aceptado como prueba un disco rígido externo que apareció en la terraza de una vivienda particular, lindante a una de las imprentas cuestionadas, mientras se llevaba adelante un allanamiento en esa empresa de la capital entrerriana, por lo que se interpretó que fue arrojado desde el interior de la sede y a través de un ventiluz.
La validez de esa prueba fue crucial para el desenlace del juicio. Los jueces aseguraron que se respetaron las garantías constitucionales de defensa a todos los imputados. Remarcaron que varios planteos defensivos resultaron extemporáneos y contradictorios dado que, en una etapa anterior, los defensores habían convalidado una convención probatoria.