La provincia de Buenos Aires tiene su propia ley de alcohol cero. Por encima de cualquier grieta y después de eludir las diferencias entre bloques políticos, la Legislatura aprobó este viernes a la madrugada el proyecto que hasta ahora establecía una tolerancia de hasta 500 miligramos por litro de sangre.
Después de los trámites administrativos y el régimen restrictivo para el manejo comenzaría a aplicarse en 2023.
Para los infractores, la flamante legislación contempla hasta 18 meses de retención de licencia de conducir, realización de cursos de concientización sobre los riesgos viales de manejar alcoholizado y multas que pueden llegar hasta los 180 mil pesos.
La propuesta de eliminar hasta el mínimo rastro etílico entre los conductores fue impulsado por el ministro de Transporte, Jorge D´Onofrio, y comenzó con la unificación de varias iniciativas que estaban desde hace tiempo en el parlamento.
Hace tres meses había conseguido el aval del Senado, por unanimidad y esta madrugada tuvo el apoyo de los diputados provinciales. Horas antes, el Ministerio dio a conocer los datos de un observatorio de accidentes y otras variales vinculadas con las seguridad vial.
Reveló que en 2022 se registraron 6.162 casos de inhabilitación por exceso de alcohol en las pruebas. Se superó la cifra de 5685, de 2021.
El 55% de las contravenciones por alcoholemia positiva se detectaron en personas de entre 20 y 40 años. Otro dato que dio a conocer el observatorio es que el 37% de las víctimas fatales tenía entre 15 y 34 años.
“La ley representa un enorme paso hacia el cambio cultural”, explicó D´Onofrio. En los primeros 11 meses de este año 891 personas fallecieron en siniestros viales en territorio bonaerense. En lo que respecta al último trimestre de 2022, el 54% de las víctimas fatales se produjeron a causa de colisiones, mientras que hubo un 15% de peatones y un 14% fue como consecuencia de vuelcos.
“Nuestro objetivo es que las rutas y calles no sean tierra de nadie. Que el Estado controle, asista y concientice”, dijo el ministro provincial.
Buenos Aires se sumó a las otras jurisdicciones del país que ya tienen esta normativa: Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tucumán. En menos de una semana, habría una ley nacional votada por el Congreso.