El Gobierno avanza en establecer el nuevo esquema de subsidios que se aplicará en las tarifas de luz y gas y para eso convocó a una audiencia pública para este jueves 29 de febrero.
Para esa reunión, requisito formal pero no vinculante para avanzar en cambios en el esquema, la Secretaría de Energía, que comanda Eduardo Rodríguez Chirillo, presentó distintos informes y evaluaciones sobre cómo funciona el sistema de subsidios y cuáles pueden ser los cambios a implementar.
En ese marco, en un documento que Energía subió al sitio web de la audiencia púbica, sumó algunos criterios para definir si una persona puede o no acceder a los subsidios, más allá de los ingresos del grupo familiar o la zona en la que residen.
La idea es acotar el universo de beneficiarios de la asistencia estatal con la definición de una canasta energética, que contempla otros parámetros de exclusión.
Entre esos criterios figuran pagar un plan de medicina prepaga; haber viajado al exterior -fuera del Mercosur- más de una vez en los últimos 5 años o haber comprado moneda extranjera en al menos uno de los últimos tres meses.
También aparecen el acceso a los subsidios aquellas personas que tengan un auto con una antigüedad menor a cinco años o quienes tengan consumos de telefonía móvil superiores a $39.000 (el 25% del salario mínimo vital y móvil).
Además, figuran aquellos que tengan consumos en su tarjeta de crédito o en billeteras virtuales superiores a $780.000, que es el equivalente a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, había anticipado que los subsidios solamente se destinarían a quienes gasten más del 10% de sus ingresos en el pago de la energía. (Foto: Prensa Energía) Con esos criterios, Energía puede presuponer que los usuarios cuentan con suficientes ingresos o con un patrimonio que puede afrontar el costo pleno de la energía en sus tarifas y no es necesario que accedan a los subsidios.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, había anticipado que los subsidios solamente se destinarían a quienes gasten más del 10% de sus ingresos en el pago de la energía, con la cobertura del diferencial sobre ese porcentaje.