Luego del anuncio encabezado por la secretaria de Energía nacional, Flavia Royón, sobre la implementación de la segmentación de tarifas, más de 30 asociaciones de consumidores salieron a alertar sobre irregularidades y aseguran que se trata de un esquema difícil de implementar.
En ese sentido, las asociaciones de consumidores no descartan comenzar una acción colectiva contra el Estado en la Justicia, en el caso de que no se convoque a una audiencia pública antes de aplicar las subas de tarifas.
Cabe destacar que, el Gobierno nacional prepara tres aumentos bimestrales, que impactarán en los comercios y los usuarios que pierden los subsidios a las tarifas y que regirán en las boletas de gas y luz a partir de septiembre.
El representante de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, sostuvo que “tiene que haber audiencia pública previa a los aumentos, y sino vamos a demandar colectivamente al Estado”. “La segmentación de tarifas está poco clara y es injusta”, agregó.
Por su parte, el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, indicó que muchas personas que no se registraron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) “pertenecen al eslabón más débil de la cadena”. “No pueden quitarle el subsidio”, se quejó.
Asimismo, ambos integrantes de las asociación de consumidores cuestionaron la forma en que está planteado el criterio socioeconómico. “No tienen en cuenta el gasto en alquiler si sos inquilino, en salud o mismo si tenés uno o varios hijos que mantener“, puntualizó Busseti.
Es preciso mencionar que, la segmentación de tarifas se basa en el Decreto 332/2022, en donde se establecen tres niveles según la capacidad económica, lo que se complementará con un criterio establecido según los niveles de consumo.
Con relación a la posible judicialización de la segmentación de tarifas, las asociaciones consumidores pusieron el foco en que el tope de consumo subsidiado para la luz y el gas no fueron planteados en las respectivas audiencias públicas que se llevaron a cabo a principios de año.
“Si sacan la resolución de los aumentos sin audiencia pública previa pueden ser acusados por delito penal fraguante y por incumplimiento de deberes. No se puede cobrar una calificación de la tarifa sin resolución, y para que haya una resolución tiene que haber una audiencia pública”, explicó Bassano.