El protagonismo inusitado de la Corte Suprema de Justicia en pleno año electoral encendió las alarmas de todo el arco político. Los fallos de San Juan y Tucumán que impidieron las candidaturas de Sergio Uñac y Juan Manzur, le abrieron la puerta a otras presentaciones similares, como fue el caso de la impugnación de la postulación de Gildo Insfrán en Formosa.
Y en los últimos días, el partido Política Abierta para la Integridad Social (PAÍS) presentó un pedido ante el máximo tribunal para impedir la re-reelección de los intendentes bonaerenses, con posibilidad de suspender las PASO en la provincia si no se resuelve la cuestión de fondo a tiempo.
Si bien la gran mayoría de los jefes comunales confía en que no prosperará, los casos de Uñac y Manzur dejan una puerta abierta.
La polémica se creía saldada con una normativa que fue sancionada en diciembre de 2021 en la Legislatura bonaerense por casi todos los espacios políticos, aunque con divisiones internas, que terminó permitiéndoles a los intendentes ir por nuevo mandato en 2023 más allá de los que tuvieran con anterioridad.
“Si uno sigue los lineamientos de fondo, esa ley es inconstitucional por regresiva. Y por desigualitaria. Y una de las bases del republicanismo es la igualdad ante la ley”, afirmó el abogado que impulsó el pedido, Andrés Gil Domínguez
En la misma línea, el letrado agregó: “Si se proyecta lo que dijo la Corte sobre el caso San Juan, da como resultado la inconstitucionalidad de esta ley. Lo único que podría pasar es que digan que en este caso no hay competencia originaria y lo manden a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires”.
Respecto de la polémica en torno a la potestad de la Corte Suprema de Justicia en asuntos que son de índole provincial, Gil Domínguez remarcó: “Así funciona el control y constitucionalidad en la Argentina. Los jueces están capacitados para declarar la inconstitucionalidad de una ley. Es parte de su función y lo hacen todos los días con los ciudadanos comunes”.