El expresidente Mauricio Macri deberá ir el próximo miércoles al juzgado federal de Dolores para enfrentar la postergada indagatoria en la que se lo acusa de haber espiado a los familiares de las víctimas del Ara San Juan.
La orden la firmó esta mañana el juez federal de Dolores Martín Bava, luego de que anoche el presidente Alberto Fernández firmara la resolución que relevó a su antecesor de la obligación de guardar secreto de Estado, el planteo que frustró la audiencia del ayer, jueves.
En declaraciones públicas, el expresidente había dicho que “jamás” espió a nadie y que las supuestas maniobras investigadas respondían a como se manejaba la Casa Militar con la seguridad del presidente.
Su defensa tenía previsto presentar un escrito rechazado las acusaciones y denunciando lo que consideran es el carácter “político” de esta investigación.
El juez descartó que la audiencia sea por zoom como pretendía la defensa. “En atención a las manifestaciones vertidas por el doctor Pablo Lanusse en el día de ayer respecto a la realización de una nueva audiencia indagatoria vía remota, hágase saber que dadas las características del material probatorio que se encuentra reservado consistente en documentos de inteligencia de la aplique su asistido Mauricio Macri fue relevado de la obligación de guardar secreto y confidencialidad en los términos de la referida ley 25.520 conforme esa misma parte solicitó a fin de que pueda ejercer debidamente su defensa y en su caso aludir a la realización de actividades de inteligencia vinculadas al objeto procesal de autos, como ya ha sostenido este juzgado ante planteos similares de otras partes, corresponde llevar adelante este acto de manera presencial y la sede del juzgado”, dijo Bava.
A Macri se lo acusa por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno”.
Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018. Se trata puntualmente de seis hechos.
El hundimiento del ARA San Juan, en el que murieron 44 personas, ocurrió en noviembre de 2017. Pero los familiares de esas víctimas no habrían sido los únicos espiados.
Los agentes también monitorearon a los familiares de otros dos barcos hundidos: el pesquero “El Repunte”, de origen marplatense, que naufragó en el Mar Argentino el 17 de junio de 2017 y provocó la desaparición de 10 marineros; y el buque “Rigel”, que zarpó el 5 de junio de 2018 del puerto marplatense y perdió contacto cuatro días después frente a las costas de Chubut en medio de un temporal, mientras participaba en la campaña del langostino. Allí murieron nueve personas.