El diputado bonaerense del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, en las últimas horas reflotó un proyecto de su autoría que dispone la creación del Régimen de Reparación Económica para niños, niñas y adolescentes hijos de mujeres víctimas de femicidio, con el fin de que el Gobierno provincial brinde una prestación mensual para ese sector juvenil.
“Los niños y niñas víctimas de un femicidio deben sobrevivir al horror, han sido víctimas de la violencia y testigos, en algunos casos del asesinato de la propia madre. Han convivido con la violencia extrema, a veces la han padecido física, sexual y en todos los casos psicológicamente. Han estado en permanente situación de riesgo, en una alerta continua”, detalla Eslaiman en su iniciativa, que perdió estado parlamentario en marzo de 2022 y que ahora el legislador peronista quiere retraer.
En ese sentido, la reparación económica está dirigida a los hijos e hijas menores de 21 años de víctimas de femicidio, con la posibilidad de extenderse hasta los 25 si el adulto joven no está en condiciones para sostenerse independientemente, siempre y cuando residan ininterrumpidamente en la provincia de Buenos Aires. En caso de ser una persona con discapacidad, la prestación no tendrá límite de edad.
Vale mencionar que, la reparación puede ser exigida desde el procesamiento del imputado por femicidio, y la misma tiene como titulares a los hijos de la víctima, es decir que no puede ser utilizada ni por el progenitor ni por algún implicado por el delito. De la misma forma, será percibida por los tutores y, en situación de discapacidad, por su curador o apoyo.
Asimismo, la reparación se devengará a partir del fallecimiento de la mujer víctima de femicidio, y será compatible con otros planes sociales tales como la asignación universal por hijo, pensiones o hasta la cuota alimenticia. Si el destinatario no posee obra social para percibir la prestación, el Gobierno provincial tendrá que asignar la del Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA).
“Esta prestación no resulta ser un subsidio, una pensión o una ayuda, sino que es una reparación económica por parte del Estado. Es una obligación del mismo asegurar el bienestar físico y psíquico de las niñas, niños y adolescentes. Sus vidas han sido totalmente modificadas, las personas que cuidan de ellos, en muchos casos necesitarán recursos económicos para poder asegurar que estos derechos sean garantizados”, subrayó el Vicepresidente primero de la Cámara baja.
En el único contexto en el que la reparación económica puede ser suspendida, además de superar el rango etario, sucede cuando la resolución judicial definitiva firme determina una calificación legal distinta a la de femicidio. Si pasa eso, los individuos no podrán reclamar la restitución de los montos percibidos por los beneficiarios.
Además de la reparación económica, Eslaiman propuso en su iniciativa la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental del padre procesado por el delito de femicidio: “Los hijos son víctimas colaterales de este delito, deben ser protegidos por el Estado y por sobre todo deben ser considerados sujetos de derecho”.