El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2, hizo lugar a una medida cautelar presentada por un sindicato de empleados del sector de Vialidad (Sevina) para suspender por seis meses el decreto del Gobierno que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
El fallo, que lleva la firma de la jueza federal Martina Forns y es un nuevo revés, avala la cautelar y determina que el Poder Ejecutivo debe “abstenerse de ejecutar” cualquier acto administrativo que derive del Decreto 461/2025, entre ellos reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal vinculados a la Dirección de Vialidad.
“La Constitución Nacional, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional, impiden al Estado en su rol concurrente de empleador y regulador alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia”.
En detalle, la Justicia puso el foco sobre el peligro que presentaba la inminente aplicación del decreto, ya que podría generar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol.“Es para evitar perjuicios irreparables hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, indicaron.
La medida de la Justicia de San Martín fue celebrada desde Sevina. “Esto representa un respaldo legal a nuestra lucha en defensa de la legalidad, la estabilidad laboral y la continuidad institucional de la Dirección de Vialidad. Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar que no se vulneren los derechos de nuestras compañeros”, dijeron desde el sindicato.
Es preciso mencionar que, el cierre de Vialidad Nacional fue promulgado a inicios del junio por el propio presidente Javier Milei a horas de que se vencieran las facultades delegadas, en el marco de un paquete que también disolvió la Comisión de Tránsito y la Agencia de Seguridad Vial.
En los argumentos de la media, el Gobierno nacional sostuvo que la medida alegando sobredimensionamiento administrativo, un 67 % del personal realizaba tareas técnicas o jerárquicas y solo 33 % operativas, y prometió un ahorro fiscal cercano a los USD 100 millones anuales.