A la diva de los teléfonos le llegó un llamado que prefería no recibir: el del fisco. Es que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a Susana Giménez por presunta evasión fiscal, acusándola de omitir una declaración jurada de 2019 para no pagar Bienes Personales.
El monto reclamado es de 50 millones de pesos, pero desde el organismo que comanda Carlos Castagneto entienden que la cifra podría trepar hasta los 300 millones si se incluyen multas e intereses.
La denuncia en concreto se presentó el pasado jueves en los tribunales del fuero en lo penal económico y recayó en el juzgado número 5, a cargo del Dr Diego Amarante. La acusación contra Susana es por haber “ocultado su realidad fiscal a través de la omisión de presentar la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales por el período fiscal 2019″.
La información que negó Susana es la base para el pago del tributo. La diva sí presentó otros requisitos tales como la declaración jurada de patrimonio, que permitieron al organismo determinar que la deuda era de 50 millones.
“Se negó sistemáticamente a presentar la DDJJ de Bienes Personales, aduciendo que la reforma sancionada por el Congreso a fines de ese año es ‘confiscatoria'”, explicaron.
Se trata de la Ley 27.541, de solidaridad social y reactivación productiva, que declaró la emergencia pública e instrumentó la administración de Alberto Fernández en sus primeros días de gobierno. Uno de los puntos era la suba de la tasa del impuesto para bienes en el exterior de 0,25 a 2,25. La diva sostiene que es “confiscatorio”.
Susana solicitó una cautelar en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad (JNCAF 10 – Expte 2254/21) por el aumento de la alícuota de Bienes Personales de 2019. La medida fue rechazada por el juzgado primero y luego fue apelada.
También existió otra cautelar del equipo de Susana, donde pedían que no se la denuncie penalmente. Esa fue rechazada en julio de este año y luego apelada, aunque sin resolución.
“No existe medida judicial notificada a la fecha que nos impida que continuemos con el procedimiento”, sostienen desde AFIP. Desde el organismo dicen que realizaron una serie de intimaciones que no fueron respondidas antes de llegar a la denuncia penal.
Dado los antecedentes de Susana, desde el organismo entienden que es difícil que pague, por lo que piden que el juez le de curso a la denuncia, la imputen y la llamen a declarar.
Si no se presenta, podría ser convocada por la fuerza pública o incluso “librar alertas de Interpol”, agregan.