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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires enfrenta el dilema de validar o anular miles de infracciones, tras una serie de allanamientos a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), en el marco del escándalo de las fotomultas que atravesó la gestión de Axel Kicillof a fines de 2024.
Es que, la reciente serie de allanamientos a la empresa CECAITRA, principal operadora de fotomultas en la provincia de Buenos Aires, desató una crisis en torno a la validez de las infracciones emitidas por sus dispositivos, puesto que la investigación judicial sugiere que las cámaras utilizadas podrían carecer de la debida autorización, poniendo en duda la legalidad de las multas registradas.
Es preciso mencionar que, esta situación ya posee un antecedente, el fallo del Juzgado de Faltas de La Plata en la causa de Cañuelas, donde se anularon otras miles de multas debido a irregularidades en la señalización y notificaciones defectuosas. En aquel caso, la Justicia determinó que las infracciones eran inválidas, estableciendo un precedente para situaciones similares.
En ese marco, ante esta incertidumbre, numerosos conductores decidieron no abonar las fotomultas hasta que se esclarezca su validez. Incluso, expertos en derecho vial aconsejan a los usuarios esperar nuevas indicaciones oficiales antes de efectuar cualquier pago, para evitar posibles perjuicios económicos derivados de sanciones que podrían ser declaradas nulas.
En ese escenario, el ministro de Transporte, Martín Marinucci, enfrenta el desafío inmediato de revisar y, en su caso, anular las multas cuestionadas, además de implementar medidas que garanticen la legalidad y transparencia en el sistema de fotomultas.
Lo que sucede es que, la confianza pública en los mecanismos de control vial está en juego, tras el escándalo de las fotomultas, que tiene al ex ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, en el ojo de la tormenta. Por lo que es esencial que las autoridades actúen con rapidez y claridad para resolver esta crisis que afecta a miles de ciudadanos bonaerenses.
FUENTE: DIPUTADOS BONAERENSES