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martes, mayo 28, 2024

El piquetero Belliboni aceptó que hay casos de extorsión en las organizaciones sociales

La Justicia investiga por estas horas una supuesta maquinaria de recaudación montada con recursos sociales de ayuda a los sectores más vulnerables, en una causa que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, en la que ya se realizaron 27 allanamientos.

La denuncia analiza si se extorsionó a personas vulnerables con la entrega de mercadería entregada por el Estado a cambio de asistir a marchas, bajo amenaza de perder el plan social.

Una de las organizaciones apuntadas es el Polo Obrero, cuyo líder, Eduardo Bellliboni, admitió hoy que puede haber casos de extorsión en las organizaciones sociales, aunque afirmó que se trata de casos aislados.

“No te puedo negar que haya algún caso de alguna persona que haya hecho eso, no sé ni quién es. No voy a decir que es imposible, puede haber gente que tenga esa característica de rastrera, de amenazar gente”, afirmó Belliboni en diálogo con Radio Con Vos.

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Según el dirigente social, todo comenzó en la primera movilización que hicieron las organizaciones sociales el 20 de diciembre del año pasado, apenas 10 días después de la asunción de Javier Milei.

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En aquel momento, el Ejecutivo habilitó la línea 134 para que, anónimamente, las personas pudieran denunciar aprietes de las organizaciones sociales para participar de las movilizaciones.

Según Belliboni, “hubo casi 10 mil llamados al teléfono que pusieron, y después terminaron confirmando esa denuncia 45, y fueron a ratificar a la sede de tribunales 12 personas. 12 de 10 mil. Esas son las personas que hacen las denuncias”.

Sin embargo, la causa detalla que desde que se habilitó la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación si los beneficiarios de planes sociales eran extorsionados por organizaciones piqueteras: hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse un total de 2.720.

De ellas quedaron en pie 924 denuncias, divididas en todo el país: 45 en CABA, 159 que no detallaron el lugar y otras 720 en otras jurisdicciones.

De esas 45 denuncias “porteñas”, el fiscal Pollicita, a cargo de la investigación, citó a todos. Solo siete acudieron a los tribunales.

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