Sin apoyo en el Congreso de los gobernadores y de la oposición dialoguista, el Gobierno anunció que retirará todo el capítulo fiscal de la ley ómnibus, que era el corazón de la iniciativa que se debatirá el martes próximo en la Cámara de Diputados.
El encargado del anuncio fue el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluyó entre los ítems que quedan sin efecto los artículos sobre la actualización jubilatoria, las retenciones agropecuarias e industriales, el blanqueo, la moratoria y el adelanto de Bienes Personales.
En paralelo, el Gobierno también retirará el proyecto que contenía las nuevas escalas del impuesto a las ganancias. Deja en pie, en cambio, todo el resto del articulado, referido a la delegación de facultades, privatizaciones, desregulaciones y cuestiones vinculadas con la educación, la cultura y la seguridad.
“De ninguna manera esto implica que vamos a dejar nuestro compromiso de ir al equilibrio fiscal, nuestro objetivo de déficit cero”, dijo el ministro de Economía. Y después añadió que en función de esa meta avanzará con otras medidas de recortes de gasto, que no especificó.
Fuentes de la Casa Rosada precisaron después que se apuntaría a subsanar los menores ingresos con un recorte en las transferencias a las provincias. Fue el ocaso de una semana convulsionada por las negociaciones por el proyecto de ley ómnibus.
“Lo que no queremos es que por este capítulo fiscal se demore algo que consideramos necesario y urgente. Los ojos del mundo están puestos en este cambio”, comenzó el ministro.
“En función de esta situación, es que hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la ley de bases, de manera de facilitar y acelerar su aprobación, creemos que esto va a acelerar los tiempos”, confirmó a continuación.
El capítulo era el eje central de las diferencias con la oposición dialoguista y los gobernadores aliados.
Lo importante, juraban este viernes por la noche altas fuentes del oficialismo, fue “priorizar la cuestión estructural, porque sin eso siempre se va a estar atrapados”.
Era la explicación a una decisión disruptiva en el marco de una cada vez más empantanada negociación para la aprobación de la ley ómnibus en la que se busca modificar más de 500 artículos.