El Gobierno dio un nuevo paso en el proceso de privatización de AySA, que anunció el viernes, y habilitó los cortes de servicio por falta de pago.
Lo hizo a través del DNU 493, publicado este martes en el Boletín Oficial.
Así actualizó el marco regulatorio de la empresa distribuidora y habilitó la venta de acciones y la entrada de capital privado a la empresa.
El 90% del capital de AySA pertenece al Ministerio de Economía, mientras que el 10% restante corresponde a los empleados de la sociedad adheridos al Programa de Propiedad Participada.
Los cambios se producen “en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”, justificaron las autoridades.
La compañía podrá efectuar el corte de servicio en caso de mora.
La decisión afecta a los usuarios de agua y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
El DNU rige desde este martes 22 de julio.
Con la reestructuración del marco regulatorio, el Gobierno estableció un punto de cooperación entre el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA).
En esa línea, se instruyó a APLA a crear un Plan Director de Mejora Estratégica que deberá “establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura que posibiliten la ampliación y extensión del servicio público a través de programaciones de proyectos y obras, fuentes de financiamiento y entes ejecutores”.