El Gobierno Nacional salió a respaldar el proyecto presentado por bloque de senadores del Frente de Todos que responden a Cristina Kirchner para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”: un nuevo impuesto a la riqueza con el que buscan que quienes tengan bienes en el exterior no declarados realicen “un aporte especial de emergencia”.
Lo hizo apenas minutos después que trascendiese la presentación del texto en el Congreso, fue primero a través de un tuit de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, que luego fue replicado en las redes por Alberto Fernández.
El Gobierno Nacional valora la iniciativa del Bloque de Senadores del @FrenteDeTodos que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados.
— Gabriela Cerruti (@gabicerru) March 28, 2022
“El Gobierno Nacional valora la iniciativa del Bloque de Senadores del @FrenteDeTodos que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados”, tuiteó la portavoz y replicó el Presidente.
En un comunicado difundido este lunes los senadores precisaron que este aporte “no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero”.
Según se desprende del texto, los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, “que deberá ser abonado en dólares”.
En tanto, se aclara que, en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.
Por otro lado, indica que “quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente”.
El proyecto también alcanza a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.
El impuesto a la Riqueza en su versión pandémica fue un proyecto de Máximo Kirchner. Afectó a las fortunas superiores a los $ 200 millones y, hasta fines de 2021, recaudó $ 230.000 millones, aunque hubo numerosas presentaciones judiciales para eludir el pago por considerarlo “confiscatorio”.
En cuanto a la viabilidad del nuevo proyecto, que debe pasar el filtro de un Congreso donde el Frente de Todos no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, desde el Gobierno aseguran que “se va a impulsar”.