El Ministerio de Ambiente apeló este martes el fallo del Juzgado Federal N°2 que ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata tras hacer lugar la semana pasada a una medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, y organizaciones ambientalistas.
Además de los fundamentos conceptuales y técnicos que refutan el fallo, la apelación presentada por la cartera de Ambiente incluye una recusación al juez actuante “por manifiesta vinculación con los principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad”, explicaron fuentes oficiales.
El titular del Juzgado Federal 2, Santiago Martín, al hacer lugar a la medida cautelar, había ordenado la semana pasada la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021, y que contaba con la aprobación del Ministerio de Ambiente.
El magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Tras la presentación de la apelación, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que “el Gobierno apeló este fallo por dos razones centrales: sus fundamentos están desvinculados de la realidad y el fallo genera profundo daño al desarrollo de la producción y a la generación de trabajo y actividad económica en las ciudades costeras”.
Martínez agregó que “el fallo que apeló la apoderada del Ministerio de Ambiente ignora absolutamente los máximos niveles de cuidado del ambiente y los estrictos estándares internacionales de seguridad operativa comprobada que se han alcanzado en la producción offshore y que aplicarán en estos proyectos”.
Martínez explicó que “este fallo está fundamentado en preceptos erróneos, equivocados, sin relación con la actividad petrolera que se va a desarrollar, y denota profundo desconocimiento sobre la misma, su historia y sus características”.
“Por otra parte –continuó– este fallo genera un freno injustificado a la generación de miles de puestos de trabajo para los argentinos y argentinas que viven en las ciudades ribereñas y oportunidades de mayor actividad para sus pymes, así como priva al país de desarrollar y aprovechar los recursos energéticos que necesita”.