El escándalo que se desató en torno al celular secuestrado a Fernando Sabag Montiel, acusado de haber intentado matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, desató una interna entre las fuerzas de seguridad y la Justicia que salpicó la investigación más importante para la política y Comodoro Py por estas horas.
Con el principal imputado detenido in fraganti y todas las pruebas que garantizan un inminente procesamiento por homicidio agravado en grado de tentativa, la del teléfono sería una anécdota sino fuera porque ocurrió en la causa que tiene como protagonista a Cristina Kirchner. Pero no debería pasar en ninguna investigación de ningún NN.
La principal sospecha es que el celular fue reseteado cuando en una primera instancia efectivos de la Policía Federal quisieron acceder a su contenido y se encontraron con una advertencia de “warning”.
No obstante, los investigadores confían en poder acceder a la información desde la nube, pero eso podría demorar más tiempo porque requiere hacer pedidos especiales a los Estados Unidos.
El abogado Gregorio Dalbón, que anunció que se presentará en nombre de Cristina Kirchner como querellante en esta causa, advirtió que todos los que lo tocaron el aparato “tendrán sus consecuencias”.
El celular Galaxy A50 fue encontrado en la campera del acusado, apenas fue detenido.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que puso a disposición su renuncia y fue rechazada por el presidente Alberto Fernández, aseguró que la Policía Federal “no manipuló” el teléfono.
“Llegaron nuestros efectivos, estaban todos los superintendentes, un hecho inédito, se armaron las carpas, se trabajó paso a paso con cada uno de los temas. Se desnudó a esta persona, se trabajó con Medicina Legal, como corresponde. Y después en algún momento se envía ese teléfono en lo que se conoce como bolsa de Faraday, que es esto: cuando queremos hablar y la señal no sale porque rebota en todos lados”, afirmó.
En rigor, expertos técnicos de la Policía Federal sí manipularon el teléfono, pero dentro del juzgado y frente a la mirada de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano, que por esas horas interinamente estaba reemplazando a su colega Carlos Rívolo, quien llegó desde Ushuaia el viernes por la mañana para asumir la investigación fiscal.