En las últimas horas, el Gobierno de Javier Milei oficializó el llamado a licitación pública para concesionar casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales que forman parte de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones, un proyecto que avanza hacia la privatización de unos 9.000 kilómetros de la red vial, y que abarca corredores estratégicos de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, por lo que implicará un cambio en la administración, la explotación y el mantenimiento de trazas clave para el transporte y la producción agropecuaria.
La decisión de la administración libertaria quedó formalizada a través de la Resolución 1843/2025 del Ministerio de Economía, y comprende las rutas nacionales 3, 5, 226 y 205, entre otras. En tanto, el llamado a licitación, que tiene carácter nacional e internacional, prevé la transferencia al sector privado de la gestión integral de estas vías, que se dividirán en dos grandes tramos: el denominado Sur Atlántico Acceso Sur, con poco más de 1.325 kilómetros, y el Tramo Pampa, con 547 kilómetros adicionales sobre la ruta 5.
Según la documentación oficial, el primer tramo Sur Atlántico Acceso Sur incluye 615 kilómetros de la ruta 3, 254 kilómetros de la ruta 205, segmentos de las rutas 206 y 226, y además la administración de las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas, corredores muy utilizados por la producción bonaerense, en especial para la circulación de cereales, carne y mercaderías hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires y los puertos del sur provincial.
El segundo tramo licitado, denominado Pampa, involucra la ruta nacional 5 entre el municipio de Luján y la ciudad de Santa Rosa, y es un corredor clave para las localidades de Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y Pellegrini. En total, la Etapa II de la Red Federal permitirá concesionar 1.872 kilómetros que, según la administración nacional, concentran una porción significativa del tránsito pesado y representan un área prioritaria para mejorar la seguridad vial y el mantenimiento.
En tanto, la autoridad encargada de supervisar los contratos será Vialidad Nacional, organismo que actuará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, aunque desde el Gobierno remarcaron que el nuevo esquema no contará con subsidios estatales, a diferencia del sistema vigente hasta ahora.