El Juzgado de lo Social número 31 de Barcelona marcó un antes y un después en la jurisprudencia española.
En una sentencia sin precedentes, reconoció que los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 pueden ser catalogados como accidente laboral cuando la inoculación estuvo vinculada a la actividad profesional.
El beneficiado por este dictamen es Pedro García, docente de Física y Química en el Institut Infanta Isabel d’Aragó, que en febrero de 2021 fue convocado a vacunarse por ser considerado trabajador esencial.
Tras recibir la dosis, sufrió una trombosis severa que lo dejó más de tres semanas internado, una de ellas en terapia intensiva.
Los especialistas determinaron que García padeció una trombocitopenia trombótica inmune inducida por la vacuna Vaxzevria, una reacción poco frecuente pero reconocida oficialmente por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
El tribunal aceptó la demanda presentada por el abogado Francesc Feliu y falló que las secuelas no deben ser tratadas como una enfermedad común, sino como accidente laboral. Esto implica beneficios concretos en términos de cobertura médica, indemnizaciones y protección social.
Uno de los puntos centrales de la sentencia fue que García recibió esa vacuna, en particular no por decisión personal, sino por su condición laboral. Al ser considerado personal esencial, se le asignó AstraZeneca en un momento en que otras alternativas ya estaban disponibles para su grupo etario.
La Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna de AstraZeneca (ATEAVA) calificó la sentencia como “el primer gesto de justicia” tras cuatro años de reclamos. El colectivo reúne a decenas de personas en situaciones similares y busca que el fallo abra camino a más reconocimientos.
Aunque su situación actual es estable, García aún sufre la obstrucción permanente de la vena que conecta con el hígado, por lo que continúa bajo control médico. Los especialistas advierten que podrían presentarse complicaciones en el futuro.